Las administraciones públicas deben asegurarse de que el dinero público que se destina a la educación obligatoria, garantice que todo el alumnado tengan las mismas oportunidades de alcanzar su plenitud personal y de desarrollar al máximo sus capacidades.
Que la sociedad futura sea más feliz, justa, igualitaria y cohesionada depende de ello.

Evidentemente, no todos necesitamos los mismos recursos ni la misma ayuda para desarrollar nuestras capacidades, ya que las características individuales y los entornos en los que crecemos son muy diversos. Para alcanzar el pleno desarrollo individual y colectivo, todos necesitaremos ayuda(s), aunque no siempre en la misma cantidad o del mismo tipo.

Por ello, se han establecido conceptos y siglas para establecer la cantidad y tipo de ayuda que necesita del alumnado una atención educativa diferente a la ordinaria. Así, utilizamos el termino ACNEAE (alumno con necesidad específicas de apoyo educativo) para quienes necesitan más atención y ayuda de la habitual, y ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales) para quienes exigen aún más atención y ayuda que los anteriores.

Claro, esa ayuda exige recursos personales y materiales que tienen un coste económico. Es decir, que atender al alumnado que más ayuda necesita es más costoso, ya que exige disponer de recursos especializados, como son las maestras de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, los auxiliares de educación especial …

Pero además de los recursos especializados, hay otros recursos que determinan el éxito escolar de los/as niños/as que necesitan “un poquito más de ayuda” que la ordinaria. Recursos como el tiempo y atención del profesorado (tutor/a o especialistas) que siempre será más con el alumnado que más ayuda necesita, ya que supone realizar adaptaciones en materiales y actividades de clase, pruebas de evaluación, atención más individualizada y una mayor coordinación con las familias. Por eso es tan importante tener en cuenta el número de alumnos y alumnas en esta situación para garantizar la atención adecuada, y por ello la legislación establece que debe haber un reparto equilibrado entre todos los centros, con independencia de si son públicos o privadosconcertados.

Sobre este tema se pronunciaba recientemente el TSJA en respuesta a una demanda de la AMPA Pío XII de Huesca estableciendo la obligatoriedad de repartir al alumnado que más ayuda necesita. La AMPA entendía que, al no darse ese reparto equilibrado, se estaba vulnerando el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todo el alumnado y la cohesión social. El Tribunal reconoció asimismo que el Gobierno de Aragón no estaba cumpliendo con la legislación en vigor sobre el reparto equilibrado del alumnado.

Este colegio público oscense, es uno de los muchos centros aragoneses que tienen un número desproporcionado de este tipo de alumnado, que es el que más dificultades tiene para aprender, lo que evidentemente, y a pesar del esfuerzo de su profesorado, dificulta que puedan alcanzar un máximo desarrollo personal. Las causas tradicionalmente esgrimidas para explicar el porqué de este desequilibrio son la dejadez de la administración en los procesos de escolarización, la falta de inversión en diagnóstico temprano de este tipo de alumnado, pero sobre todo la posibilidad que tienen determinados centros de seleccionar a su alumnado con el beneplácito de la administración.

Este estudio tiene por objeto comprobar, a partir de datos obtenidos de la propia administración, si la titularidad del centro es una causa de exclusión de este tipo de alumnado.

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